La Cámara de Comercio y Producción de Santiago dio a conocer los resultados del sondeo de opinión correspondiente a noviembre 2020, en el que su membresía propugna por la extensión de los beneficios de la ley 28-01 sobre desarrollo en las provincias de la frontera con Haití, ya que este fue uno de los temas abordados en el estudio.

El sondeo fue respondido masivamente por unos 200 miembros de la Cámara quienes se manifestaron de manera abrumadora con un 89% a favor de mantener los incentivos de la ley de desarrollo fronterizo.

El sondeo de opinión realizado del 16 al 20 de noviembre, fue contestado en un 61% por propietarios o presidentes de empresa, y un 26% por ejecutivos o gerentes, lo cual da solidez a las opiniones externadas.

Entre las razones externadas para sugerir la extensión de las facilidades aparece en primer lugar la necesidad de crear más empleos en la zona, también como forma de atraer nuevas inversiones y aumentar las exportaciones. Además, se destacó que las empresas instaladas han dinamizado la economía de la región.

Carlos Iglesias, presidente de la entidad empresarial de Santiago, resaltó que, en la Junta Directiva, donde están representados los distintos sectores productivos y comerciales de la provincia, prevalece la misma opinión sobre la conveniencia de mantener la citada ley. No obstante, indicó que es interés de la Cámara externar la opinión de los miembros.

Iglesias, aprovechó para recordar que Compromiso Santiago, junto a más de 100 instituciones empresariales del Cibao, elaboraron un Agenda Regional, que identificó el desarrollo del puerto de Manzanillo como prioridad de la región, y como proyecto estratégico para el país. Indicó que “ese puerto y esta ley se complementan entre sí.

En febrero 2021 estarían culminando los incentivos creados por la ley 28-01, sin embargo, múltiples sectores, privados y públicos, vienen abogando por la extensión de las facilidades dado que en la región operan 81 empresas que a su vez han creado unos 6,400 empleos con un impacto en el PIB de RD$18,385 millones, según un informe bajo el título ‘Observatorio de la Zona Fronteriza’, preparado por la Unidad de Estudio de Políticas y Sociales del Caribe, del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, preparado en el 2018.