Fue práctica común de los gobiernos presidido por el Doctor Joaquín Balaguer Ricardo (1966-1978 y 1986-1994) y lo ha sido de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezados por los señores: Leonel Fernández Reyna y Danilo Medina Sánchez el aplicar la creatividad presupuestal sobrevaluando los gastos o subvaluando los ingresos a los fines de hacer uso discrecional de los excedentes de recursos con fines político-partidistas.

Es una artimaña socorrida el sobrevaluar los gastos o subvaluar los ingresos con el propósito de disponer de recursos ociosos que serán manejados bajo la modalidad del libre albedrio y, mediante argucia política destinar dichos recursos a favor de intereses particulares en contra del bien común o general.

Esta ha sido una práctica vieja que data desde el siglo XVIII cuando por primera vez se dio vigencia a las incipientes técnicas presupuestales en el Parlamento Ingles y que desde entonces el hombre inició la creatividad presupuestal y financiera para favorecer a sus parciales políticos.

De manera que no es nuevo el que los gobiernos hagan uso de estas maniobras o maquillajes financieros y económicos para mostrar una gestión de gobierno exitosa cuando en el fondo haya sido todo un fracaso.

No obstante las autoridades del oficialismo hayan sido descubiertas en sus malabares financieros y económicos por sectores opuestos a sus ejecutorias, los funcionarios han continuado dicha práctica sin sonrojarses y sin importarles las consecuencias negativas en contra de toda una nación.

Todo lo anterior ha servido de preámbulo al hecho de que el señor Danilo Medina Sánchez, Presidente de la República Dominicana, 2012-2016 y 2016-2020, sometió al Senado el pasado viernes 9 de diciembre del presente año que casi llega a su fin.

Reformulación del Presupuesto General del Estado vigente (2016) para coadyuvar con el financiamiento de la planta eléctrica a carbón Punta Catalina, la segunda línea del Metro de Santo Domingo como de otras obligaciones del Estado.

Dicha remisión al Senado conforme comunicación gubernamental ha sido realizada a fin de compensar la caída de los ingresos en el primer semestre del año por RD$7,200 millones, disminuyendo o quitando unos RD$10,953 millones a distintas entidades del Estado a las que originalmente se les había apropiados.

En términos de planes, programas y proyectos, estas solicitudes de transferencias representan un retraso en los objetivos, metas, visión y misión de dichas entidades o simplemente les fueron sobreasignados dichos recursos con el propósito de jugar con los mismos de forma discrecional apoyándose en argucias presupuestales.

Conforme informaciones publicadas en los medios de comunicación uno de los propósitos de este proyecto es transferir al sector eléctrico la suma de RD$4,650 millones o su equivalente a US$100 millones de dólares en bonos soberanos para ser invertidos en la planta eléctrica Punta Catalina, proyecto que también fue sobrevaluado en unos US$1,000 millones.

Si bien proponen sustituir fuentes internas de financiamientos en el Presupuesto vigente mediante la emisión de valores de deudas públicas por un monto de RD$7,152.6 millones no se explica cuales fuentes de financiamientos se van a sustituir, si estas son más o menos costosas que los bonos soberanos a ser emitidos.

El hecho de que se comunique que gran parte de los fondos a ser reformulados de un capítulo a otro o de una institución a otra del Estado denota además falta de capacidad de ejecución o administración de los funcionarios de las entidades afectadas como también del Gobierno Central.

Asimismo, esto revela la mala gestión tributaria y  las malas intenciones en las estimaciones de los ingresos y asignaciones de los gastos en un año electoral a los fines de hacer uso previo de los recursos que a lo mejor ingresaron al fisco pero fueron aplicados en acciones no propiamente presupuestadas.

Además esta solicitud de transferencias de fondos revela el descuido de las autoridades para que la evasión y elusión fiscal se apodere de la nación dominicana fomentando la corrupción rampante que carcome los cimientos mismos del Estado, así también revela la poca actividad comercial e industrial que haya provocado una baja en el cobro de impuestos sobre la renta, al patrimonio y el cobro del ITBIS, es decir, el bajo cobro de los impuestos directos e indirectos debido a la poca producción y consumo a lo interno del país.

En el caso del financiamiento de la planta a carbón de Punta Catalina la cual no pudo recibir el apoyo financiero del Banco de Desarrollo del Brasil y mucho menos del Deutsche Bank de Alemania, descubre que el proyecto de emitir acciones comunes y preferentes por un monto de US$1,000 millones para sustituir dichos préstamos, nunca prendió en el ánimo de los inversores y prestamistas por tratarse de un proyecto que riñe con el medio ambiente.

Se sabe que mayormente los presupuestos son flexibles o aquellos que se formulan para varios niveles de actividades conforme el comportamiento de los efectos de la economía y finanzas locales e internacionales pero no siempre por su mala formulación o preparación, lo cual denota mala planificación.

Ojala las autoridades gubernamentales al finalizar el año 2016 presenten de manera transparente la ejecución presupuestal mostrando el verdadero déficit fiscal sin amañamiento o cortapisas ya que es un derecho de todos los dominicanos conocer la realidad de las finanzas dominicanas que tanto afecta a la presente y compromete las futuras generaciones en el pago de dichas deudas.